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CALIFICACIÓN SUPERVISADA PRIVADA

Una calificación crediticia privada monitoreada de una entidad que se pone a disposición privada del emisor solicitante a través de una plataforma segura.

EXPLORAR LAS VENTAJAS DE UN

Private Monitored Rating

Permite la interacción con Moody’s de forma privada y monitoreada.
Brinda a los clientes los fundamentos de la calificación y estudios que resultan beneficiosos para consideraciones internas de administración propias de los clientes, que incluyen evaluaciones del riesgo crediticio, análisis comparativos, gobierno corporativo, y planificación estratégica y financiera.
Brinda flexibilidad a los clientes para entablar una relación de calificación en cualquier momento durante su calendario de financiamiento.
FEATURES
Calificación crediticia privada definitiva 
La calificación está sujeta a monitoreo continuo.
El analista líder de Moody’s realiza un análisis detallado completo, y un comité de calificación determina el resultado de la calificación.
Asignación de la calificación a nivel institucional o corporativo
El análisis completo se entrega mediante una opinión crediticia confidencial a través de una plataforma virtual segura.
La calificación privada monitoreada no se asigna a instrumentos de deuda ni se utiliza para colocar deuda.
Usos

Un emisor no calificado, que tiene previsto contraer deuda en el futuro, necesita una calificación privada corporativa/de entidad, o bien busca establecer una relación, un historial analítico y un perfil crediticio con MIS.

Un emisor calificado, que paga obligaciones de deuda actualmente calificadas por MIS, que desee mantener una relación con MIS.

Private Monitored Rating

Nota: las calificaciones crediticias privadas son calificaciones crediticias que siguen una solicitud individual y se otorgan exclusivamente a la persona que las solicitó, no tienen como fin la divulgación pública ni la distribución por suscripción, y están sujetas a una obligación de confidencialidad y limitaciones en la distribución. Las calificaciones crediticias privadas pueden no ser utilizadas con fines regulatorios en algunas jurisdicciones, incluyendo la Unión Europea.

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